Un caso se decide por dos cosas: lo que dice la ley y lo que se logra probar. El razonamiento probatorio se ocupa de lo segundo.

Consiste en examinar la evidencia de un asunto pieza por pieza: qué demuestra cada una, qué tan confiable es su origen y si todas juntas alcanzan para dar por cierto lo que se afirma. Es un examen con método, no una impresión sobre qué tan convincente suena el expediente.

De ahí salen respuestas concretas: qué prueba falta y todavía puede conseguirse, qué debilidades tiene lo que ofrece la contraparte y cómo debe presentarse la evidencia propia para que quien juzga pueda seguirla.

Argumentar desde la Constitución es algo distinto a citar artículos: consiste en mostrar por qué el caso plantea un problema que activa derechos fundamentales y principios constitucionales, y en construir el razonamiento técnico que conecta esos derechos con los hechos concretos del asunto. En la práctica, esto abre vías de defensa específicas: pedir la inaplicación de una norma, su interpretación conforme, la declaración de desproporcionalidad de una sanción o la reparación integral de un derecho vulnerado.

No hace falta saberlo de antemano. Hay señales que suelen indicarlo.

La primera es que la discusión gire alrededor de los hechos y no de la norma: las partes no discuten qué dice la ley, sino qué ocurrió. La segunda es que en el expediente haya un peritaje —médico, contable, informático, de la especialidad que sea— del que dependa el resultado. La tercera es que una resolución haya tenido por demostrado algo que no quedó demostrado, o haya descartado algo que sí lo estaba. La cuarta es que en el asunto esté en juego un derecho reconocido en la Constitución y no sólo la aplicación de una regla.

Si alguna de esas señales aparece, una descripción breve por el formulario de contacto basta para saberlo. Cuando el asunto no corresponde a nuestra práctica, lo decimos.

No. La práctica penal concentra una parte importante de nuestro trabajo —porque ahí la prueba y la constitucionalidad de los actos de autoridad se someten a mayor escrutinio—, pero intervenimos en cualquier materia donde la complejidad probatoria o constitucional sea relevante: civil, familiar, laboral, administrativa, electoral, y en sede internacional. La metodología es la misma en todos los casos.

Sí. La oficina está en la Ciudad de México, pero nuestro trabajo —análisis del expediente, diseño de la estrategia, elaboración de escritos— no depende de dónde esté radicado el asunto. Intervenimos en asuntos de cualquier entidad del país, así como ante organismos y cortes internacionales.

Cuando el asunto exige presencia en audiencia fuera de la Ciudad de México, se define desde la propuesta de trabajo: podemos asumirla o puede quedar a cargo del despacho aliado o del abogado que ya lleva el asunto. Los traslados se consignan en el presupuesto.

Sí. Ofrecemos consultoría independiente y diagnósticos jurídicos previos al litigio, orientados a evaluar la viabilidad del caso, los riesgos asociados y las alternativas disponibles. Estos diagnósticos son particularmente útiles para decidir, sobre la base de la evidencia disponible, si conviene litigar, negociar o reformular el enfoque del asunto.

Sí. Impartimos talleres, cursos y programas de formación en razonamiento probatorio, argumentación constitucional, teoría del precedente y estándares de derechos humanos, dirigidos a equipos jurídicos del sector público, despachos privados y áreas legales corporativas.